Gina Paola Rodríguez
Resumen
El presente artículo analiza el actual enfoque de las
políticas de seguridad colombiana y norteamericana que tienen como premisa
fundamental la idea de que el narcotráfico constituye el factor central a
combatir con miras al logro de la paz en Colombia, enfoque que ha posibilitado
dos políticas complementarias concebidas a la luz de la diferenciación
amigo-enemigo. De un lado, la confrontación y el marginamiento, en tanto
enemigo, de la guerrilla (FARC – ELN) bajo la etiqueta de narcoterrorismo
imponiendo su periferización del marco político-constitucional. De otra parte,
la asimilación y convalidación legal del paramilitarismo como fenómeno
concomitante con el narcotráfico, en tanto amigo, permitiendo su inserción en
el marco político-constitucional y su reciclaje social de elites regionales a
elites “nacionales”, como parece manifestarse en la actual Ley de “Justicia y Paz”.
Palabras clave: Narcotráfico,
Conflicto armado, Colombia, Ley de Justicia y Paz
[1] Politóloga y candidata a
Magíster en filosofía de la Universidad
Nacional
Introducción
Uno
de los fenómenos surgidos a raíz de los procesos de globalización y que afecta
a la economía, la política y seguridad nacionales e internacionales y a la sociedad
en general es el narcotráfico, industria que ha aumentado considerablemente en
América Latina a partir de los años setenta.
En
Colombia, el narcotráfico ha logrado insertarse de forma relativamente exitosa
en las esferas política y económica. En el primer caso, gracias a la formación de redes de apoyo social,
militar y político que le han permitido funcionalizar las estructuras jurídico-
políticas de acuerdo a sus necesidades; y en el segundo, gracias a una especial
adaptación de las políticas de crecimiento orientado a la exportación, que
hacen del narcotráfico una empresa perfilada a la demanda y la internacionalización, con una división del
trabajo muy estricta entre diferentes localizaciones, capaz de ajustarse a las dinámicas de la economía global.
El
presente artículo quiere indagar en algunos de los efectos que el
narcotráfico ha tenido en la
configuración reciente del conflicto armado colombiano, con el ánimo de
determinar hasta qué punto es acertada la postura según la cual i. este (el
narcotráfico) es la fuerza motriz de aquel (el conflicto), de forma tal, que
ii. la lucha contra la droga y el narcotráfico
deviene en si misma una condición necesaria y suficiente para la
resolución del conflicto.
El
interés por avanzar en esta perspectiva viene dado por el actual enfoque de las
políticas de seguridad colombiana y norteamericana que tienen como premisa
fundamental la idea de que el narcotráfico constituye el factor central a
combatir con miras al logro de la paz en Colombia, enfoque que ha posibilitado
dos políticas complementarias concebidas a la luz de la diferenciación
amigo-enemigo. De un lado, la confrontación y el marginamiento, en tanto
enemigo, de la guerrilla (FARC – ELN) bajo la etiqueta de narcoterrorismo
imponiendo su periferización del marco político-constitucional. De otra parte,
la asimilación y convalidación legal del paramilitarismo como fenómeno
concomitante con el narcotráfico, en tanto amigo, permitiendo su inserción en
el marco político-constitucional y su reciclaje social de elites regionales a
elites “nacionales”, como parece manifestarse en la actual Ley de “Justicia y Paz”.
Lo que dichas
políticas evidencian, es que la narcotización del conflicto armado, patente en
la fusión de la política contrainsurgente y la política antinarcóticos, supone
serios problemas no solo para el entendimiento de la situación colombiana -en
tanto simplifica de manera sustancial las dimensiones del conflicto-, sino para
su encauzamiento hacia una paz sostenible y sustentable. De ahí que se requiera
una estrategia de seguridad efectiva que debilite las opciones militares de los
grupos armados, pero también, un programa de desarrollo social y económico de
amplio alcance que menoscabe su argumentación ideológica y, por ende, ayude a
generar un contexto en el que se pueda poner fin al conflicto. Con lo anterior
no se desconoce que las posibilidades de poner fin al conflicto en Colombia
aumentarían considerablemente si se diera solución el problema de la droga, solución que no se reduce a un control de la
oferta, como lo aducen las actuales políticas antinarcóticos sino que debe
enfocarse también a la demanda creciente de drogas en los grandes centros de
consumo en Estados Unidos y Europa.
Por otro lado,
los obstáculos presentados en el actual proceso con las AUC, deben servir de
experiencia para futuras desmovilizaciones. En primer lugar, para dejar en
claro que el narcotráfico, como los crímenes atroces, no son materia de
negociación, si es que se quiere lograr un proceso apegado a los principios del
Estado de derecho. En segundo lugar, que debe darse un debate que aclare las
condiciones bajo las cuales un grupo armado ilegal puede llegar a ser
considerado con estatus político, de tal forma que, ni se desconozcan las
reivindicaciones políticas e ideológicas de algunos sectores, ni se aliente la
formalización del paramilitarismo como actividad política
Conforme
a lo anterior la exposición se dividirá
en cuatro partes. En la primera, se hace una reconstrucción no exhaustiva de
los nexos históricos entre los grupos armados (FARC, ELN y AUC) y el narcotráfico tratando de
establecer la situación actual de esta relación. Para esto, resulta preponderante volcar la vista sobre el tema de la financiación de estos grupos y en
particular, aquella derivada de su
participación en uno o varios eslabones de la cadena productiva del
tráfico de drogas, con el fin de evaluar el peso de la economía del
narcotráfico en los ingresos de las guerrillas y los grupos paramilitares.
En
la segunda parte, y a propósito del
actual proceso de negociación entre el gobierno nacional y algunos sectores del
paramilitarismo, se quiere resaltar cómo
el tratamiento jurídico y político de los delitos de narcotráfico por parte del
Estado colombiano, ocupa un papel fundamental
en el éxito o fracaso de los procesos de paz actuales y futuros. Con lo
anterior, se pone de presente cómo el narcotráfico ha adquirido un lugar cada
vez más importante, aunque no protagónico, en los procesos de negociación, que logra desestabilizarlos y, no sabemos
aún, si reversarlos. Pero aún más importante, lo que revela la actual
negociación es un proceso de convalidación de los grupos paramilitares en tres
perspectivas: una convalidación legal a través de la Ley de Justicia y Paz, una
convalidación económica reflejada en la contrarreforma agraria y en la
inmersión del dinero ilegal del paramilitarismo en los sectores productivos, y
una convalidación política evidenciada en la expansión su esfera de influencia
en las élites regionales y nacionales.
Paralelo
a este proceso de legitimación forzada del paramilitarismo, se registra una
abierta confontación y periferización de las guerrillas (FARC y ELN) en tanto
enemigos del actual gobierno. En el tercer
apartado, se verá como para la fecha de redacción de la presente investigación
apenas se han producido débiles acercamientos entre el Gobierno Nacional y el
ELN, los cuales son vistos con escepticismo no solo por algunos analistas,
sino, fundamentalmente por la dirigencia del ELN.
Finalmente,
a manera de conclusión, se intentará
responder al interrogante inicial, mostrando cómo la narcotización del
conflicto armado, evidenciada en la fusión de la política contrainsurgente y la
política antinarcóticos, supone serios problemas no solo para el entendimiento
de la situación colombiana -en tanto simplifica de manera sustancial las
dimensiones del conflicto-, sino para su encauzamiento hacia una paz sostenible
y sustentable.
En los acápites enunciados se tratará
de esbozar el rol jugado por algunas elites, políticas, guerrilleras y
paramilitares en relación con las
organizaciones narcotraficantes por la vía de alianzas coyunturales. La
relación de estos grupos selectos con el narcotráfico confirma una tesis ampliamente
difundida según la cual la industria de las drogas ilegales ha penetrado la
totalidad de la sociedad colombiana.[2]
1. Narcotráfico
y grupos armados
Es una opinión compartida que el
negocio de las drogas ilegales financia de forma importante a las FARC y las Autodefensas y en menor medida al ELN,
situación que ha permitido el mantenimiento de sus fuerzas y por lo mismo,
agravado las condiciones del conflicto armado. No obstante, en lo que existen
serias divergencias, es en la proporción reconocida a la economía del
narcotráfico en cada caso. Así, es posible encontrar informes que parecen
exagerar las cifras de financiamiento proveniente de las drogas, dramatizando
hasta tal punto el papel jugado por este, que logran desplazar la dimensión originalmente política
del conflicto por una reducida percepción narcotizada. De esta suerte, se ha desconocido la
complejidad de una lucha desarrollada por mas de cuatro décadas en aras del
nuevo postulado de la amenaza narcoterrorista, cuyos efectos políticos ya
conocemos.
A continuación daremos una breve
mirada a los nexos entre grupos armados y narcotráfico, los cuales, como se
verá, responden a un sistema de alianzas coyunturales que han transformado su
relación de una conexión marginal con las organizaciones narcotraficantes al
dominio actual de varias etapas de la producción.
1.1. Las FARC
Los nexos de las FARC con el
narcotráfico se remontan a los finales de la década del setenta. Pese a su
oposición inicial frente a la economía de las drogas ilícitas, las FARC se
vieron llevadas a admitir paulatinamente su funcionamiento en los territorios
bajo su dominio a fin de evitar la erosión de sus relaciones con la población
de aquellas regiones que veía en los cultivos ilícitos, auspiciados entonces
por el cartel de Medellín, su único
medio de sustento. En este periodo, la guerrilla no asumió un control directo
sobre los cultivos sino que autorizo el cobro de un impuesto por parte de
autodefensas.
Tras la VII Conferencia de las FARC
en 1982, y vistos los excesos cometidos por las autodefensas delegadas, se
regularizó el cobro de impuestos directamente por la guerrilla, a partir de
acuerdos formales con las organizaciones de narcotraficantes. Los vínculos con
estas se interrumpieron hacia mediados de los ochenta por la confrontación con
Gonzalo Rodríguez Gacha en el sur de Colombia, situación que dio pie a la
conformación de grupos paramilitares agenciados por los narcotraficantes en el
Putumayo y el Magdalena Medio. Este
proceso conllevo a una asunción paulatina de los eslabones de la cadena
productiva por parte de las FARC en las selvas colombianas. Se pasó así del
cobro del impuesto a cada kilo de pasta
o base de coca comprado por cada narcotraficante grande o pequeño a los
cultivadores, al gravamen de los mismos cultivadores, raspachines y
recolectores. Adicionalmente, se inició el cobro de impuestos por uso de pistas
aéreas para el transporte de precursores químicos y cocaína. Para 1998, las
FARC ya han asumido el control total del tráfico local en Putumayo y Caquetá,
imponiendo precios fijos para la base de coca y obligando a los campesinos a
vender únicamente al frente local. En adición, inician el almacenamiento y
venta de grandes volúmenes de coca a los representantes seleccionados de los
numerosos microcateles que reemplazaron a los grandes tras la muerte de Pablo
Escobar.[3]
Para finales de la década del 90 se
hace evidente la expansión territorial de las FARC y su control de una parte
importante de las regiones cocaleras, hecho que supuso para las autoridades
colombianas, el inicio de las actividades de refinamiento y tráfico de cocaína.
Sobre este hecho sin embargo no existe completa certeza. Así, mientras para
unas fuentes, el refinamiento y el tráfico internacional del producto acabado
son evidentes, para otros analistas, las Farc apenas se encuentran en los
niveles de producción y venta de base de coca.[4]
Según un Informe de la Junta de
Inteligencia Conjunta (JIC) de Febrero de 2005, el tráfico ilícito de
sustancias sicoactivas por parte de las FARC cubre las actividades de
producción, cultivo y comercialización de hoja de coca y de amapola, producción
de pasta y clorhidrato de coca en laboratorios; cristalizaderos y cobro de
gramaje sobre la negociación de base de coca, así como el alquiler de pistas de
aterrizaje y comercialización de los productos derivados de las plantas
anteriores.[5] El conjunto de
estas actividades representa el 45,8% del total de ingresos de las FARC y ocupa
el primer lugar, seguido de los ingresos percibidos por extorsiones y
secuestros.[6]
Lo dicho en el informe de la JID,
contrasta con lo sostenido por el Internacional
Crisis Group en su informe sobre América Latina del año 2005. Según este,
“la evidencia sobre la participación de las FARC en el refinamiento y tráfico
de coca es menos clara”. Esto porque, además de la dificultad en la veracidad
de las fuentes disponibles, “las cuales pueden estar contaminadas por razones
políticas o militares, no es seguro que las FARC tengan la capacidad de
traficar a escala internacional solas, o incluso que manejen algunas de las
etapas posteriores del negocio, como operar laboratorios de refinamiento de
cocaína propios, poseer plantaciones de coca, controlar rutas de envío y
mantener sus conexiones internacionales para situar la droga en otros países”.[7]
En una línea intermedia se encuentra
la investigación de Sergio Uribe, “Los
cultivos ilícitos en Colombia”, la
cual da luces sobre la realización de procesos de refinamiento en las áreas
cercanas a los campos de cultivo de la guerrilla. Sin embargo, el mismo autor
reconoce no encontrar evidencia de que
las organizaciones guerrilleras hayan desarrollado sus propias redes de
distribución en el extranjero, ni de que hayan exportado directamente, aunque
sí se beneficiaban sustancialmente de la industria ilegal. [8]
No obstante la imposibilidad de establecer
de forma definitiva el eslabón último de participación de las FARC en la cadena
de producción y trafico de drogas, resulta claro el vínculo sostenido por estas
con el narcotráfico y el producto derivado de este que nutre sus finanzas. Sea
como la mera venta de pasta de coca a microcrateles o como posible inicio de
una red internacional del tráfico de drogas, el nexo es inminente.
1.2. El ELN
El Eln tiene una participación más
bien marginal en el negocio de la droga. Su actividad en zonas cocaleras es
menor que la de las FARC o las AUC, pero mantiene presencia en regiones con
cultivos de amapola y coca. Según informa el Ministerio de Defensa, en el año
2000 sólo 7 frentes del ELN estaban firmemente establecidos en zonas de cultivo
de drogas ilícitas. En el 2005, el ELN opera en cerca de diez regiones con
cultivos ilícitos: La Sierra Nevada de Santa Marta, el Catatumbo, el sur de
Bolívar, el occidente del Cauca, Huila, Tolima y el centro de Nariño. Todas
estas regiones cuentan además con presencia paramilitar y/o de las FARC.
No obstante su presencia en zonas
cocaleras, la relación del ELN con el narcotráfico es más compleja. Aun cuando
mantiene una condena oficial hacia cualquier vínculo entre la causa
revolucionaria y el narcotráfico, en
algunos casos, como el de la columna móvil Cienfuegos en el Cauca, el ELN ha
permitido el ingreso selectivo de algunos narcotraficantes para la compra de
látex. Por otro lado, a partir de 2003,
y tras su expulsión de las zonas del sur de Bolívar por parte de los paramilitares,
varios frentes del ELN han cobrado
impuestos a los cultivadores de coca. De
esta forma, el narcotráfico ha entrado a ser un rubro más del presupuesto del
ELN, que según algunos cálculos alcanza el 8%[9]. Así las cosas,
es previsible un aumento en su participación de la actividad ilegal a futuro.
1.3. Las Autodefensas
Las relaciones entre Autodefensas y
narcotráfico surten un proceso inverso al producido con los guerrillas. Vimos
en 1.1. cómo las guerrillas llegaron paulatinamente al negocio del narcotráfico,
llegando incluso a contradecir sus premisas ideológicas originales. Las
autodefensas en cambio, tienen desde sus inicios un lazo indisociable con las
organizaciones de narcotraficantes en la década del 80 y comienzos de los
noventa y solo hasta ahora, tras convertirse en una federación nacional de
bloques armados y con motivo del actual
proceso de desmovilización, buscan adquirir un estatus político.
En efecto, los paramilitares deben su
origen a los carteles de la droga y su expansión al combate contra la guerrilla
por el dominio de las regiones cocaleras. Desde 1996, este proceso se ha
intensificado, incrementando los niveles de violencia y desplazamiento en las
zonas de enfrentamiento. Para el año 2000, según informes del Ministerio de defensa,
siete bloques de las AUC operaban en regiones de cultivos de coca y amapola[10]. Naciones Unidas
por su parte, calcula que la presencia paramilitar llega a 86 de los 162 municipios donde se cultiva
coca, ubicando frentes en el Magdalena medio, Santa Marta, la región sur de
Bolívar, el valle del Cauca, el norte de Antioquia, la región de Urabá, Nariño,
el noroccidente del Putumayo, el suroccidente de Caquetá, Meta y Guaviare,
regiones estas ultimas, en disputa con los grupos guerrilleros.[11]
Pese a lo extraordinario de su
expansión, la extensión de las zonas de cultivos de las autodefensas no es tan
grande como la de las FARC. Sin embargo, diversos estudios parecen comprobar
que la participación de las AUC en el negocio de la droga es mucho más
profunda. Esto se evidencia, en la participación de unidades paramilitares en
el control de rutas claves para el transporte de cocaína hacia el exterior,
precursores químicos y armas. Del mismo modo, los paramilitares aparecen
vinculados con laboratorios de refinamiento y con decomisos de cocaína. En un
informe de la DEA del año 2001 se afirmo que “la organización de Carlos Castaño
(y posiblemente otros grupos paramilitares) parecen estar directamente
involucrados en el procesamiento de cocaína”. Pero sin lugar dudas, mas
concluyente en este sentido es la declaración efectuada por Carlos Castaño el 9
de junio de 2002 en la que acusó a dos jefes del bloque central Bolívar, Javier
Montañez y Ernesto Báez, así como a otros jefes paramilitares de “involucrarse
irresponsablemente en el negocio del narcotráfico”[12]
En febrero de 2004, el embajador de
Estados Unidos en Colombia, William, Word, afirmó que las AUC controlaban el
40% del tráfico ilegal de drogas en Colombia. Lo anterior se compadece con la
solicitud en extradición de los Estados Unidos de cinco altos jefes de las
autodefensas (Mancuso, Fidel Castaño, Jorge 40, Ramiro Vanoy y Juan Carlos
Sierra) y la introducción de doce paramilitares
en la lista Tier II de
narcotraficantes extranjeros. Como en el caso de las FARC, el nexo con el
narcotráfico es evidente. Mas adelante veremos cómo, en la actual negociación
con las AUC, se busca mimetizar este lazo con el narcotráfico con los ropajes
de un estatus político.
Según el Internacional Crisis Group, las AUC parecen desempeñar un papel más
importante en las etapas más lucrativas del refinamiento y la exportación de
droga, por lo que percibe mayores ganancias. De allí que se presente una suerte
de contradicción el hecho de que sus ingresos se presente en numerosos informes
como bastante inferiores a los de las FARC, siendo que esta organización se
mueve menos en el trafico internacional y depende más de los primeros eslabones
de la cadena productiva, que, coincidencialmente son los menos lucrativos.[13]
2.
La asimilación y convalidación del paramilitarismo
El
23 de
diciembre de 2002 el presidente Álvaro Uribe sancionó una ley mediante
la cual quedó facultado para iniciar negociaciones de paz con cualquier grupo
armado, así careciera de estatus político, abriendo la compuerta para una
negociación con los paramilitares. Una semana después, el 29 de noviembre, las
AUC hicieron la primera declaratoria de cese unilateral de hostilidades, y el
15 de julio de 2003 el gobierno y las AUC firmaron el Acuerdo
de Santafé de Ralito, por medio del cual se comprometieron a
desmovilizarse gradualmente hasta desaparecer como grupo armado en 2005.
Luego de más de
dos años de negociaciones entre el gobierno y el principal grupo paramilitar
del país, se han desmovilizado cerca de 5.000 de los combatientes de las AUC. Sin
embargo, pese a que era una condición del presidente Uribe para negociar, los
paramilitares no han cumplido a cabalidad el cese del
fuego. Este incumplimiento unido a las pugnas
internas entre diferentes facciones
de las AUC, que llevaron incluso a la desaparición
de su líder Carlos
Castaño, al asesinato de los comandantes 'Doble cero' y Miguel Arroyave y
de tres importantes políticos
del Meta, pusieron en peligro todo el proceso durante el primer semestre
del 2004.
Por su parte, la verificación
de la OEA a cargo de Sergio
Caramagna ha sido vista con desconfianza. En palabras de Human Rights
Watch, “la Misión de la OEA ha jugado un
papel altamente cuestionable, puesto que ha servido, principalmente para darles
un sello de aprobación a las acciones
emprendidas por el gobierno colombiano”, guardando estricto silencio acerca de
los problemas del proceso. Con esto, “la Misión ha contribuido a dar al proceso
una apariencia de legitimidad internacional que no se merece.”[14]
A continuación
problematizaremos tres aspectos fundamentales del proceso de convalidación del
paramilitarismo en Colombia. En primer lugar, las deficiencias de la Ley de Justicia y Paz que, como han señalado
numerosos analistas y ONG´s nacionales e internacionales, parece dejar intacta
la estructura paramilitar, sentando un precedente desastroso en materia de
verdad, justicia y reparación. De otro lado, el problema de la concentración de
la tierra desatado por la compra de alrededor de un millón de hectáreas por
narcotraficantes y grupos armados ilegales en lo que se ha denominado
contrarreforma agraria y su penetración en los negocios legales e ilegales y en
el monopolio de bandas criminales. Por último
la infiltración del paramilitarismo en la política regional y nacional
agenciando el reciclaje de las elites paramilitares en las elites políticas.
2.1. La convalidación legal: la
Ley de Justicia y Paz
Desde abril de 2005 circularon varios proyectos de ley que buscaban "verdad, justicia y
reparación" en las desmovilizaciones de los combatientes de grupos
armados, en especial de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Durante el
debate así como en la negociación, el punto central de discusión fue
el narcotráfico, y específicamente el futuro de los jefes pedidos en extradición.
Otros temas como la reparación
a las víctimas, el alcance de la confesión
y el tema del delito
político fueron también importantes. Las discusiones en el Congreso
contaron con muy
poco quórum y se vieron enrarecidas con debates sobre las inhabilidades
para votar el proyecto de los políticos que eventualmente se beneficiaron de un
proselitismo paramilitar para ser elegidos. [15]
Finalmente, el 21 de junio
fue aprobada la ley de Justicia y Paz promovida por el Gobierno Nacional que regula
la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales a miembros de
grupos armados que decidan desmovilizarse y contribuir decisivamente a la
reconciliación nacional. Entre otros puntos, la ley destaca i. La posibilidad
de que los desmovilizados de los grupos armados puedan disfrutar de los beneficios de ley sin importar que hayan
participado en actividades del narcotráfico antes del ingreso al grupo, ii. La
confesión de los delitos cometidos por los miembros de los grupos armados en
versión libre ante un fiscal delegado de la Unidad Nacional de Fiscalías de
Justicia y Paz, iii. El establecimiento de un plazo de sesenta días para que la
UNF para la Justicia y Paz, junto con la policía judicial, adelante las labores
de investigación y verificación de los hechos admitidos por los imputados, iv.
La imposición de penas alternativas a los confesores consistentes en privación
de la libertad por un periodo mínimo de cinco años y no superior a ocho, tasada
de acuerdo con la gravedad de los delitos y el grado de colaboración con la
justicia, v. La rebaja de hasta una décima parte de las condenas de las
personas que se acojan a la ley (jubileo), y
vi. La calificación de las actividades de las autodefensas como delito
de sedición.
Una vez aprobada, el gobierno Nacional se ha dedicado a promover la Ley dentro
de la comunidad internacional. En Estados
Unidos, fue bien recibida por la Casa Blanca pero ha propiciado críticas en el
Congreso y en los organismos defensores de los Derechos Humanos. Así por
ejemplo, en su informe de agosto de 2005, Human Rights Watch señala que “la ley
no asegura que los paramilitares confiesen sus crímenes, divulguen información
acerca de cómo operan los grupos, ni entreguen sus fortunas ilegalmente
adquiridas”.[16]
En
otro informe la misma ONG afirma: “El proyecto actual hace poco más que servir
a los intereses de los líderes paramilitares: no toca sus redes mafiosas ni el
poder económico que alimenta las actividades de sus grupos (…) Es un mal
arreglo tanto para los colombianos como para la comunidad internacional, y
sienta un precedente desastroso parar negociaciones futuras con otros grupos
armados.”[17]
En
el mismo sentido se han pronunciado los críticos de la ley en Colombia. Un análisis
de la Fundación Ideas para la Paz, expone los desafíos que supone la
implementación de la ley. Muchas de las debilidades de esta persisten, sobre
todo en materia de investigación, verificación y reparación: “Sin duda el texto
deja mucho que desear; y sin duda en la negociación se perdió una oportunidad
única para obligar el desmonte de aparatos coercitivos ilegales e institucionalizar las regiones.
Más que un ejercicio de construcción, fue una transacción entre las partes”.[18]
Además del
articulado de la ley de Justicia y Paz, el proceso con los paramilitares ha
sido objeto de fuertes críticas por la excesiva conducta discrecional del Gobierno Nacional a lo largo de las
negociaciones. Las filtraciones
publicadas el 25 de septiembre por la revista SEMANA sobre cómo negocia el
gobierno con las autodefensas revelaron cómo la mafia se estaba adueñando del
paramilitarismo en Colombia. En el artículo Revelaciones
Explosivas, la revista divulga unas grabaciones en las que el presidente
Álvaro Uribe ofrece a las autodefensas usar la facultad discrecional para
evitar la extradición y que sean juzgados por la Corte Penal Internacional.
Además, quedan en evidencia los graves
problemas por las deserciones de mandos medios y combatientes rasos y la
creciente infiltración de la mafia de la droga en todas las estructuras de los
paramilitares. [19]
Así las cosas, la
desmovilización del paramilitarismo afronta serios retos. En primer lugar, la
clara identificación de los desmovilizados, vistas las numerosas franquicias
paramilitares compradas por narcotraficantes que buscan evitar su extradición a
Estados Unidos. La advertencia sobre la mimesis de los narcotraficantes, ha
sido ya efectuada por el Internacional
Crisis Group en su más reciente informe:
“una propuesta que circula entre los paramilitares y los capos
del narcotráfico sugiere que estos últimos podrían pagar para volverse miembros
de los primeros con el fin de beneficiarse de las conversaciones con el
gobierno y blanquear su pasado. Se cree, aunque no está confirmado, que Gordo Lindo,
Mejía Sierra, Arroyabe, Macaco, Don Berna, Vanoy y otros de los participantes
en las conversaciones con el gobierno son narcotraficantes que se convirtieron
en paramilitares pagando grandes sumas a las AUC por esta licencia. Así por
ejemplo, Don Berna, que era desconocido en 2001 cuando Castaño dejó su cargo
por primera vez, se presentó como inspector general de las AUC en 2002, justo cuando se iniciaron
las negociaciones con el gobierno.” [20]
A la vez, varios
congresistas y analistas aseguran que la ley de "justicia y paz",
contiene un "narco mico", es decir, una fisura legal que facilita que
los narcotraficantes se presenten como paramilitares y obtengan los beneficios
que busca la ley para los combatientes que se desmovilicen. Según los críticos,
esto está dado por la posibilidad de incluir al paramilitarismo como un delito
político y gozar de los beneficios como rebaja de penas e indulto, lo que
podría llevar a tomar al narcotráfico como delito conexo al paramilitarismo. En
este sentido, ha resultado fundamental
la discusión tendiente a definir qué es un delito político, de manera que al
hacerlo conexo, al hacer aplicable la ley, no se llegue a la impunidad ni se
utilice la definición de delito político para eximirse de pena en virtud del
narcotráfico.
De la mano de la
identificación de los desmovilizados, se encuentra la necesidad de que la ley
asegure que los paramilitares confiesen la totalidad de sus crímenes, divulguen
información sobre la operación de los grupos y entreguen sus fortunas ilegales.
El segundo desafío
es asegurar el futuro de las zonas abandonadas por los paramilitares, frente a
dos riesgos inminentes. De un lado, la persistencia de la influencia
paramilitar (ahora desmovilizada) y de otro, la ocupación por parte de las FARC
aprovechando el vacío institucional. El tercero se refiere al futuro de los
desmovilizados. En este punto resulta fundamental tomar con precaución
propuestas como la de de involucrarlos
en el Ejército. Por otra parte, ya se han hecho evidentes las deficiencias del programa
de reinserción del gobierno a la hora de reincorporarlos a la vida
civil sin que esto redunde en una absoluta impunidad ni en el retorno de los
desmovilizados a la vida criminal.
El cuarto desafío,
y quizá el más complejo, es el desmonte
definitivo del paramilitarismo, más allá de la desmovilización simbólica de los
ejércitos. Como ha sido demostrado por diversas investigaciones, los miembros
de las AUC han penetrado
la política nacional y regional y la
economía legal e ilegal.[21]
Gran parte de los defectos de la ley de Justicia y Paz, consisten en el
mantenimiento del poder económico y político de los paramilitares. De ahí que
resulte preponderante un tipo de
desmovilización que garantice el desmantelamiento definitivo del poder y
estructura criminal de estos grupos, a partir de medidas como el hallazgo y
confiscación de sus fortunas, la investigación de sus fuentes de financiamiento
y el castigo de delitos como la extorsión y el soborno. Sobre este punto
volveremos más adelante.
2.2. La convalidación económica: contrarreforma agraria
Además de la convalidación legal agenciada por la Ley de Justicia y Paz, el paramilitarismo ha logrado mantener e incluso acrecentar sus activos mediante el trafico de drogas, los dedicadas al cultivo de coca o al uso como corredores estratégicos para la movilización de armas, drogas y precursores químicos.
Como señala
Carlos Medina Gallego, la contrareforma agraria del narcoparamilitarismo surge a partir de la necesidad de efectuar un
"lavado de las grandes cantidades de dinero" a partir del
"boom" cocainero del narcotráfico colombiano, de la prospección de grandes
yacimientos petrolíferos en diferentes regiones del país y de la necesidad por
parte del capital de implementar megaproyectos que permitieran articular
geográfica y económicamente al país. [22]
Según cálculos del
Incora, los narcotraficantes
poseen el 48% de las mejores tierras del país, mientras que el 68% de los
propietarios (pequeños campesinos) sólo posee el 5,2% del área. Por su parte,
el PNUD y el DNE estiman que los narcotraficantes compraron tierras en 409 de
los 1.039 municipios del país y con un especial énfasis en los Departamentos
del Valle, Córdoba, Quindío, Risaralda y
Antioquia.
Del mismo modo, un documento de la Contraloría titulado "La gestión de la Reforma Agraria y el proceso de Incautación y Extinción de Bienes Rurales", sostiene que la compra de tierras por parte de los narcotraficantes bordea el millón de hectáreas, equivalente a casi el 3% del territorio nacional y a un 5% de las tierras potencialmente explotables.[23]
En efecto, "la concentración de tierras con recursos ilícitos o mediante medios violentos ha contribuido a la crisis agrícola y social del campo, a más de agudizar desde el punto de vista político, el carácter señorial y dominante de la gran propiedad rural". Se trata según Flórez Enciso, vicecontralor delegado, de "una de las más grandes operaciones de lavado de dineros del narcotráfico, y posiblemente del secuestro y la extorsión.”
Según
advierte el informe, de no contenerse este fenómeno mediante una acelerada
extensión del dominio, el mapa político del país se orientará hacia una
estructura autoritaria en los niveles locales y regionales, que se reflejará
más temprano que tarde en el nivel nacional. Sin embargo, pese a la precariedad del panorama descrito, el Estado ha sido
incapaz de utilizar la figura de la extinción de dominio para compensar la
concentración de la propiedad de la
tierra agrícola. De las 150.000 hectáreas
que se propuso entregar este gobierno a los campesinos -110 de las cuales
provendrían de la extinción de dominio-,
sólo se han adjudicado 5.000, esto es, menos del 5% de la meta propuesta
Mediante la compra ilegal de tierras, el sometimiento de las comunidades campesinas y la cooptación de las élites locales en buena parte del país, el narcotráfico ha conseguido debilitar las instituciones y cooptar sus propósitos de interés general y beneficio público; en una mimesis paramilitar que se ve legitimada por los actuales procesos de desmovilización.
Con todo esto, como afirma Mauricio García, “en muchas regiones del país nos dirigimos hacia la consolidación de un proyecto de sociedad gansteril nunca antes visto. Un proyecto enquistado y difícil de exterminar, ideado por una combinación oscura y poderosa de hacendados, paramilitares, narcotraficantes y políticos locales, todos ellos envalentonados por un discurso presidencial anti-guerrillero.” [24]
2.3. La
convalidación política: la
cooptación de las élites
El concepto de
elite se ha transformado a lo largo de la historia adquiriendo diversas
acepciones. Los teóricos clásicos de las elites, Mosca, Pareto y Michels,
compartían una visión caracterizada por el cuestionamiento al Estado
democrático ( y aún el socialista) como garante de la igualdad social, hecho
que hacía posible la imposición del poder de una pequeña minoría sobre el resto
de la sociedad. Se configura así la oposición entre elites dirigentes y masas
dirigidas como presupuesto para el análisis de las relaciones sociales y
políticas.
La dicotomía elite
gobernante- masa dirigida expuesta por Pareto y Mosca no exteriorizaba sin
embargo la diferenciación de la sociedad en toda su dimensión, hecho que ha
generado el que en las últimas décadas se haya extendido toda una controversia
sobre la configuración de la estructura de poder en las sociedades industriales
modernas. Como tema central de la polémica está el saber si dichas sociedades
están regidas por una elite dominante que controla los principales mecanismos
de poder o por una pluralidad de elites, cuyo poder e influencia están en
competencia. El debate contemporáneo se definirá así entre los partidarios de
la “elite en el poder” y el establishment y los teóricos del “pluralismo
político” y el equilibrio de poderes.
En la actualidad
los estudios en teorías de elites se encuentran orientados al análisis de las
redes de relaciones que existen entre sus miembros. De allí que el concepto de
estructura ocupe un lugar fundamental, al indicar cómo el accionar de estos
miembros se desarrolla en relación directa con las instituciones cumpliendo
funciones de integración, dominación y representación de los intereses
sociales. Amparándose en el Estado y la sociedad, las elites se manifiestan
como expresión de una estructura de poder con una duración determinada y no
como objetos aislados que ejercen el poder desde el vacío. En este trabajo
tendremos presente la importancia de considerar la intersección de relaciones
entre diferentes posiciones de elites así como la movilidad que tiene lugar al
interior de cada una de estas, como paso primordial para la evaluación de su
influencia en la configuración institucional y la toma de decisiones
públicamente relevantes.
Gran parte del mantenimiento del
negocio del narcotráfico tiene su base en la realización de alianzas
coyunturales con las elites políticas, económicas y armadas (ilegales). La
industria ilegal requiere tanto la participación de “campesinos, químicos,
varios tipos de proveedores, vendedores e intermediarios, pilotos, abogados,
asesores financieros y fiscales, capataces, guardaespaldas, testaferros y
contrabandistas; como el apoyo de redes que incluyen a “políticos, policías,
guerrilleros, paramilitares, miembros del ejército, empleados oficiales,
banqueros, parientes leales, compañeros de infancia y otros; los cuales se
benefician de la industria, la toleran o dan protección a sus miembros pero no forman
parte directa de ella”. Se trata, en el caso de estas ultimas de un fenómeno
que auspicia el que la industria ilegal
penetre y corrompa las instituciones políticas y sociales, en las formas que ya
conocemos, permitiendo que los ingresos ilegales se distribuyan e irriguen
hacia el resto de la sociedad formando lazos de la lealtad entre esta y las
organizaciones narcotraficantes.[25]
La relación entre paramilitarismo y narcotráfico es un tema ya tratado en
diferentes trabajos. En Los Señores de la Guerra, Gustavo Duncan sostiene que “la irrupción
masiva de redes mafiosas en las ciudades sólo ha sido posible por el apoyo
logístico, militar y financiero recibido por los jefes de las autodefensas
desde el campo.” Durante la última
década, los ejércitos paramilitares han sufrido una expansión geográfica sin precedentes que los ha llevado a
convertirse en parte importante de la estructura de poder político en las zonas
semiurbanas y rurales del país. “En los municipios de Colombia donde ejercen su
dominio, los jefes de las autodefensas regulan
y extraen tributos a las transacciones económicas, amenazan y protegen a las
comunidades, moldean la justicia y el orden político de acuerdo a su
conveniencia, y poseen el control, y por consiguiente las mayores ganancias,
del tráfico de drogas.” [26]
Existe un segundo fenómeno alrededor del
narco-paramilitarismo. Se trata de la infiltración de redes mafiosas desde las
zonas semiurbanas y rurales de las autodefensas hacia las ciudades más grandes
de Colombia, y como logro de un nivel superior, la apropiación del poder
político en las ciudades. La infiltración de los cargos de elección popular
(alcaldías y concejos) genera enormes ganancias producto de la corrupción en la
contratación pública, la impunidad frente a las instituciones del Estado y la
capacidad de crear una red clientelista propia.
Las causas de esta creciente
infiltración paramilitar son las mismas de la mayoría de males del país: la
debilidad del Estado, la democracia deslegitimada por un sistema político clientelista
que termina sirviendo a los intereses de unos pocos y la eterna impunidad
reinante. El clientelismo armado es el método usado por los paramilitares para
acceder al poder político regional. Paradójicamente, anuncia Duncan, “es la
debilidad económica de la clase política tradicional una de las principales
causas de la infiltración de las redes mafiosas en las ciudades. Bajo un grado
mínimo de modernización del sistema económico de una ciudad y de un tamaño de
población con acceso a servicios del Estado sin necesidad de mediación
clientelista, la mayor riqueza de los políticos locales para financiar
unacampaña electoral incidirá en un menor riesgo de infiltración mafiosa en el
gobierno.”
Según Duncan, “tras los intereses de
una nueva élite de señores de la guerra está la tensión entre fuerzas
urbanas que pretenden construir una sociedad regida por principios democráticos
con un capitalismo moderno versus fuerzas rurales que quieren dispersar
el poder del Estado para construir gobiernos regionales basados en la inmunidad
de empresas criminales. En el nuevo contexto de la disputa por la configuración
del Estado, la connotación de lo del campo deja de estar vinculada a la imagen
tradicional de economías y sociedades campesinas. Ahora se trata de las áreas
de influencia de municipios e incluso ciudades intermedias que de la mano de su
historia rural han experimentado procesos de urbanización y terciarización de
la economía, en gran parte gracias a los excedentes del narcotráfico.”
Los paramilitares
se están infiltrando en la política regional, en negocios legales e ilegales y
están monopolizando bandas criminales. El mismo
Ernesto Báez, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo declaró recientemente en la cadena Super: "En un acto de honestidad con el pueblo colombiano, quiero decir que las AUC intervienen directamente en política". Jorge Cuarenta, otro poderoso jefe paramilitar, ha reconocido también públicamente que la alcaldía de Riohacha le desviaba recursos oficiales de las Aseguradoras de Riesgo en Salud (ARS), el régimen subsidiado de salud de los más pobres. Y en Medellín hay grafitos en las paredes que agradecen a Adolfo Paz, otro de los hombres fuertes de Ralito, la nueva paz de Medellín.
El principal objetivo del proyecto urbano de los 'señores de la guerra' es "producir fortunas sin precedentes que puedan trasladarse en líquido hasta las zonas rurales" y a la vez "construir gobiernos regionales basados en la inmunidad de empresas criminales". El grado de infiltración de estos señores de la guerra varía de ciudad a ciudad y puede ir desde el control de las bandas criminales hasta la incursión en la política nacional, pasando por la regulación de ciertas actividades económicas.
Su entrada a las ciudades se da por lo general a través de los barrios marginales, donde la presencia del Estado es endeble y la prestación de los servicios públicos es insuficiente.
Con esto las autodefensas ganan la legitimidad suficiente para organizar a las comunidades: dan directrices políticas a algunos líderes de acción comunal, conforman grupos de vigilancia con jóvenes, deciden pleitos, regulan ciertos aspectos morales del barrio.
Ernesto Báez, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo declaró recientemente en la cadena Super: "En un acto de honestidad con el pueblo colombiano, quiero decir que las AUC intervienen directamente en política". Jorge Cuarenta, otro poderoso jefe paramilitar, ha reconocido también públicamente que la alcaldía de Riohacha le desviaba recursos oficiales de las Aseguradoras de Riesgo en Salud (ARS), el régimen subsidiado de salud de los más pobres. Y en Medellín hay grafitos en las paredes que agradecen a Adolfo Paz, otro de los hombres fuertes de Ralito, la nueva paz de Medellín.
El principal objetivo del proyecto urbano de los 'señores de la guerra' es "producir fortunas sin precedentes que puedan trasladarse en líquido hasta las zonas rurales" y a la vez "construir gobiernos regionales basados en la inmunidad de empresas criminales". El grado de infiltración de estos señores de la guerra varía de ciudad a ciudad y puede ir desde el control de las bandas criminales hasta la incursión en la política nacional, pasando por la regulación de ciertas actividades económicas.
Su entrada a las ciudades se da por lo general a través de los barrios marginales, donde la presencia del Estado es endeble y la prestación de los servicios públicos es insuficiente.
Con esto las autodefensas ganan la legitimidad suficiente para organizar a las comunidades: dan directrices políticas a algunos líderes de acción comunal, conforman grupos de vigilancia con jóvenes, deciden pleitos, regulan ciertos aspectos morales del barrio.
Para lavar el dinero también han incursionado en la economía lícita.
Sobre todo cómo árbitros de aquellos sectores que por estar entre lo legal y lo
informal necesitan de alguien fuerte que haga cumplir los contratos. El máximo
nivel de infiltración en las ciudades aparece cuando logran corromper a algunos
funcionarios judiciales, de seguridad o del gobierno local. Llegando al corazón
del poder 'los señores de la guerra' garantizan impunidad para sus negocios,
información de primera mano útil para su protección e influencia sobre
decisiones políticas que los afecten.
Esta penetración no es fácil. Pero la han ido logrando -por lo menos en las localidades y crecientemente a nivel regional- al mejor estilo de los barones electorales tradicionales, pero apoyándose en el poder de intimidación que les dan las armas.
Colombia está sufriendo un silencioso revolcón político. Las élites tradicionales de varias regiones vienen siendo reemplazadas desde hace unos cinco años por nuevos barones electorales respaldados por las autodefensas. "Los señores de la guerra, como nuevas élites locales, suplantaron a la figura de los terratenientes y caciques políticos tradicionales".
3. La confrontación y marginamiento de la guerrilla bajo la etiqueta del narcoterrorismo
Esta penetración no es fácil. Pero la han ido logrando -por lo menos en las localidades y crecientemente a nivel regional- al mejor estilo de los barones electorales tradicionales, pero apoyándose en el poder de intimidación que les dan las armas.
Colombia está sufriendo un silencioso revolcón político. Las élites tradicionales de varias regiones vienen siendo reemplazadas desde hace unos cinco años por nuevos barones electorales respaldados por las autodefensas. "Los señores de la guerra, como nuevas élites locales, suplantaron a la figura de los terratenientes y caciques políticos tradicionales".
3. La confrontación y marginamiento de la guerrilla bajo la etiqueta del narcoterrorismo
Con los ataques del 11 de septiembre
se ha producido un giro en el discurso
de las políticas de seguridad de Estados Unidos y Colombia en clave de lucha
antiterrorista. La estrategia que combina política de seguridad y política
antinarcóticos adelantada por Uribe, sigue esta perspectiva y profundiza lo
emprendido en el gobierno Pastrana a través del Plan Colombia para fortalecer
las fuerzas armadas y la policía y lanzar un ambicioso programa de fumigación
aérea de las plantaciones de coca. Esto ha redundado en una explicación de la
situación colombiana en términos de “una amenaza narco-terrorista contra un
Estado democrático”. [27]
La simbiosis narcotráfico- terrorismo
se basa en dos supuestos fundamentales. En primer lugar, que el control de la
oferta, esto es, de los cultivos ilícitos, es el medio más efectivo para acabar
con el narcotráfico: “si no hay cultivos de drogas para cosechar, no podrán
ingresar ni cocaína ni heroína a la cadena de distribución”.[28] En segundo
lugar, que como los grupos armados dependen importantemente del negocio de la
droga, si se lucha contra este y se elimina, las finanzas de estos grupos se verían
mermadas y con esto su pie de fuerza, condición que facilitaría una eventual
negociación.
Si bien desde 1997, las FARC y el ELN
figuran dentro del listado de organizaciones terroristas internacionales del
Departamento de Estado norteamericano, y el 10 de septiembre de 2001 fueron
incluidos los paramilitares, el nuevo enfoque de la política de seguridad
simplifica peligrosamente las dimensiones de un conflicto de mas de cuarenta
años y obstaculiza sus posibles salidas.
Este desconocimiento del
conflicto ha sido visto con problemas en la comunidad internacional, tal
como lo reseñó el Informe de la Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia de
2004: "Esta nueva caracterización de la problemática existente desde hace varias
décadas en el país puede prestarse a confusiones y problemas en varios campos,
desde los datos estadísticos hasta las políticas públicas, incluyendo la
aplicación con rigor del derecho internacional humanitario", señala el
informe. La diferencia de términos utilizada por el gobierno aumentó las
críticas, pues pocos entienden cómo el gobierno intenta convertir al
paramilitarismo en delito político, mientras niega la existencia del
"conflicto".
Los
acercamientos entre el Gobierno nacional y el ELN han estado hasta el momento
marcados por la incertidumbre y la inestabilidad. Si bien el ELN ha mantenido
contactos persistentes con los últimos tres gobiernos, hasta el momento no se
ha logrado formalizar un proceso de diálogo con ninguno de ellos. Por ello,
pareciera haber la sensación de que con el ELN se han hecho muchas
negociaciones que nunca han dado ningún resultado: la realidad es que nunca se
ha dado un proceso de diálogo formal entre Gobierno Nacional y ELN, a
diferencia de otras organizaciones guerrilleras que sí han tenido varias
experiencias en ese sentido.[29]
Por
lo anterior, podríamos decir que si las cosas funcionan en estos nuevos
acercamientos, por primera vez tendríamos la experiencia de tener al ELN
sentado en una mesa de conversaciones con una delegación del Gobierno Nacional.
No obstante una atmósfera de
escepticismo rodea no solo a analistas y
ciudadanos sino también a la dirigencia del ELN.
El ELN ha expuesto
en dos documentos los obstáculos que impiden llegar a un proceso de paz con el actual
gobierno, y la importancia de adelantar un proceso de consultas con sectores de
la sociedad colombiana a propósito de los mismos. Entre estos destacan (completar)
CONCLUSION
La relación entre conflicto y
narcotráfico merece ser estimada en el contexto amplio de un conflicto armado
histórico y no en los términos simplistas de una amenaza narcoterrorista. Así,
la situación deja de resolverse en los términos propuestos por la actual
administración si se tiene en cuenta que,
tanto en el caso de las FARC como en el del ELN, el dinero obtenido por
la droga todavía parece ser más un medio para conseguir un fin y no un fin en
si mismo.
La ideología política, si bien más
débil y ambigua que antes, define las metas estratégicas del ELN y
probablemente también las de las FARC, por consiguiente, incluso si se les
cortan los altos ingresos por droga del pasado, todo parece indicar que el
conflicto puede seguir. La estrategia de
Bogotá y Washington de combatir los grupos armados como narcoterroristas, por
útil que sea para fines propagandísticos, simplifica en exceso la situación y
propicia un enfoque tan autolimitante que se vuelve contraproducente. Se
requiere una estrategia de seguridad efectiva que debilite las opciones
militares de los grupos armados, pero también se necesita un programa de
desarrollo social y económico de amplio alcance que menoscabe su argumentación
ideológica y, por ende, ayude a generar un contexto en el que se puedas poner
fin al conflicto.
Con lo anterior no desconocemos que
las posibilidades de poner fin al conflicto en Colombia aumentarían
considerablemente si se diera solución el problema de la droga, solución que en nuestro concepto no se reduce
a un control de la oferta, como lo aducen las actuales políticas antinarcóticos
sino que debe enfocarse también a la demanda creciente de drogas en los grandes
centros de consumo en Estados Unidos y Europa.
Los obstáculos
presentados en el actual proceso con las AUC, deben servir de experiencia para
futuras desmovilizaciones. En primer lugar, para dejar en claro que el
narcotráfico, como los crímenes atroces, no es materia de negociación, si es
que se quiere lograr un proceso apegado a los principios del Estado de derecho.
En segundo lugar, que debe darse un debate que aclare las condiciones bajo las
cuales un grupo armado ilegal puede llegar a ser considerado con estatus
político, de tal forma que, ni se desconozcan las reivindicaciones políticas e
ideológicas de algunos sectores, ni se aliente la formalización del
paramilitarismo como actividad
política
Con respecto a la relación entre
elites y narcotráfico baste decir en este escrito que gran parte del
mantenimiento y perpetuación del fenómeno del narcotráfico en Colombia se
explica en su posibilidad de obtener el respaldo y/o agenciamiento de algunas
elites políticas, armadas y sociales cuya naturaleza es preciso describir en un
trabajo futuro. Pero además merece la pena preguntarse si las dinámicas
subyacentes a las organizaciones narcotraficantes, y las cúpulas guerrilleras y paramilitares, su capacidad para hacer
resonancia en el sistema político, transmitir, integrar y representar
intereses, no puede hacerlos susceptibles de ser analizados como élites o,
siguiendo la lógica del establisment,
como contraélites.
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Dirección Nacional de Estupefacientes, PNUD y Planeta, 1997.
[1] Politóloga y candidata a
Magíster en filosofía de la Universidad
Nacional
[2] THOUMI, Francisco. El Imperio de la droga. Narcotráfico,
Economía y Sociedad en los Andes. Bogotá: Editorial Planeta, 2002.
[3] INTERNACIONAL Crisis Group. Guerra y Droga en Colombia. Informe
sobre América Latina Nº 11 del 27 de enero de 2005, pp. 9- 10.
[4] Etapas del negocio de la droga: i.
cultivo, ii. Cosecha, iii. producción de la primera pasta de coca, iv
.producción de la base de coca en cocinas, v. almacenamiento y venta de base de
coca, vi. Refinamiento para transformación en cocaína, vii. Transporte a puntos
de trasbordo, viii. Transporte al exterior a puntos intermedios (México,
Antillas); ix. Destino Final (EU,
Europa), x. venta en grandes volúmenes, xi. Venta en pequeñas cantidades, xi.
Consumo.
[5] Informe
de la Junta de
Inteligencia Conjunta (JIC).
República de Colombia. 24 de Febrero de
2005. pp. 7-8
[6] Ibid, p. 12
[7] INTERNACIONAL Crisis Group. Guerra y Droga en Colombia. Informe
sobre América Latina Nº 11 del 27 de enero de 2005, p. 11
[8] URIBE, Sergio. “Los cultivos
ilícitos en Colombia. Evaluación: extensión, técnicas y tecnologías para la
producción y rendimientos y magnitud de la industria”, en Thoumi, Francisco
(comp). Drogas Ilícitas en Colombia: su
impacto económico, político y social, Bogotá: Dirección Nacional de
Estupefacientes, PNUD y Planeta, 1997.
[9] RENSSEALER Lee II, “Colombia:
Insurgency Inc., prepared for Internal Conflict 1998- 2005” , citado en Thoumi, El Imperio de la Droga , Opcit.
[10]MINISTERIO de Defensa. El narcotráfico, una amenaza para la
seguridad nacional, Bogotá: noviembre de 2000.
[11] OFICINA de las Naciones Unidas contra
la droga y el delito ( UNODC), Colombia:
Coca Cultivation Survey 2003, Viena: junio de 2004
[12] CASTAÑO, Carlos. “La verdad de las AUC
ante la comunidad internacional y los EEUU”, en Las verdaderas intenciones de los paramilitares. Corporación
Observatorio para la Paz ,
Bogotá: 2002 pp. 343- 348
[13] Internacional Crisis Group. Op. Cit.,
p. 22
[14] HUMAN RIGHTS
WATCH. Las apariencias engañan. La desmovilización
de los grupos paramilitares en Colombia. Agosto de 2005. Vol. 17, Nº3 ( B)
[15] Véase, LEY
DE JUSTICIA, PAZ Y REPARACION, en Gaceta del Congreso. Año XIV, N° 390. Bogotá,
D.C., Martes 21 de junio de 2005.
Disponible en formato electrónico en http://www.dhcolombia.info/article.php3?id_article=150.
Fecha de consulta: Febrero 10 de 2006.
[16] HUMAN RIGHTS WATCH. Las apariencias engañan. La desmovilización
de los grupos paramilitares en Colombia. Agosto de 2005. Vol. 17, Nº3 (B).
[17] HUMAN RIGHTS WATCH. Proyecto deja intactas las estructuras paramilitares.
Junio 15 de 2005.
[18] FUNDACION IDEAS PARA LA PAZ. Siguiendo
el conflicto: hechos y análisis de la semana. Número 18, Junio 24 de 2005.
[20] INTERNATIONAL
Crisis Group. Op. Cit, p.20
[21] Sobre éste punto véase la investigación de
Gustavo Duncan, investigador del CEDE de la Universidad de los
Andes titulada Los señores de la Guerra. Documento
Cede, Universidad de los Andes. ENERO DE 2005. Edición electrónica http://economia.uniandes.edu.co/~economia/archivos/temporal/d2005-02.pdf.
Consultado el 12 de Octubre de 2005. Ver también: El poder paramilitar, Bogotá, Fundación
Seguridad y Democracia, 2005.
[22]MEDINA Gallego, Carlos. El neoliberalismo, la cuestión agraria y el conflicto social y armado
en Colombia
febrero 2001. http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/colombia/neolib.htm
. Consultado Octubre 12 de 2005
[23] CONTRALORÍA DELEGADA para el Sector Defensa,
Justicia y Seguridad La
Gestión de la Reforma Agraria y el proceso de incautación y
extinción de bienes rurales. http://semana2.terra.com.co/imagesSemana/documentos/Bienesruralesforofinal11_20050614.doc.
Consultada el 12 de Octubre de 2005
[25] THOUMI, Francisco. El Imperio de la
Droga. Op. Cit., pp. 125-126
[26] DUNCAN,
Gustavo. Del campo a la ciudad en
Colombia. La infiltración urbana de los señores de la guerra. Documento Cede,
Universidad de los Andes. ENERO DE 2005. Edición electrónica http://economia.uniandes.edu.co/~economia/archivos/temporal/d2005-02.pdf.
Consultado el 12 de Octubre de 2005.
[27] Véase el discurso ante el Consejo
Permanente de la OEA
en Washington el 25 de marzo de 2004.
[28] Internacional
Narcotics Control Strategy Report, 2003. Bureau for Internacional narcotics and
Law enforcement Affaires. Departamento
de Estado de los Estados Unidos. Washington marzo de 2004.
[29] La única vez que el ELN estuvo en una mesa de
conversaciones formalmente fue en Caracas y Tlaxcala (1991-92), pero como parte
de la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que en ese momento
dialogaba con el gobierno de César Gaviria
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